sábado, 8 de diciembre de 2018
Prevención del delito en México ¿funciono o no?
Dada la situación de violencia y aumento del crimen en la
que se encuentran los países en América Latina y el Caribe, no es de extrañar
que estos países destinen parte de sus presupuestos en dos estrategias para el
combate al crimen: la primera y más antigua, la represión o combate del crimen,
en la cual se encuentran medidas como aumentar las penas o multas, aumentar el
número de delitos que se tipifican en sus leyes penales, gasto en policía, etc.
y la segunda y que tiene varias décadas de historia pero aún nueva, es la
prevención del delito y la violencia, que busca disminuir los factores sociales,
económicos y personas que incitan al crimen y a la violencia, entre estas
medidas se encuentran comúnmente programas de enseñanza de habilidades para la
vida, rechazo a las drogas, tutorías para niños y niñas, asesoría para padres,
esas son las actividades tradicionales de prevención del delito. Actualmente
existen nuevos modelos de políticas públicas criminológicas dirigidas a
aumentar las oportunidades de educación, las oportunidades laborales, reducir
la desigualdad y la pobreza, pues estas estrategias buscan reducir los factores
sociales que facilitan la aparición de la conductas criminales, estas
estrategias encajan con la prevención social del delito, más adelante se
señalará que las políticas de prevención del delito en México, están enfocadas o
al menos se categorizan dentro de esta tipología de prevención.
A pesar de estos esfuerzos a nivel internacional, la
realidad a la que las naciones se enfrentan es difícil, hasta el 2015 la región
de América Latina y el Caribe era la más violenta del mundo, con una tasa de
homicidios de 24 por cada 100,000 habitantes, esto es cuatro veces la media
mundial (Banco Mundial: Equipo para la Prevención de la Violencia, 2012;
Jaitman, 2017). Los países destinan grandes cantidades de dinero al combate y
prevención del crimen y todo parece indicar que dichas estrategias no están
funcionando (Organización Mundial de la Salud, 2014)-
La
prevención del delito en México
La prevención del
delito en México es un proceso reciente, al menos como una política pública
organizada y planeada que cuenta con estructuras y respaldo normativo. En la
década de 1950, cuando se realizaron los primeros congreso de la ONU para la
prevención del delito, no existía una política nacional para la prevención del
delito que dirigiera la estrategia del gobierno, de manera cabal y como un
todo, al contrario se favorecía el desarrollo de políticas públicas de sanción
y control (Secretaría de
Gobernación, 2014).
Posteriormente en
1955, se expidió en México, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública que estableció las bases de coordinación de dicho sistema (SNSP), la
cual definió la integración y funcionamiento del mismo, con la participación de
diversas instancias de gobierno; planteó las conferencias de prevención y
readaptación social, la de procuración de justicia, de los secretarios de
seguridad pública, etc. (Secretaría de
Gobernación, 2014). Ver figura 1.
En el año 2000, se
creó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a la cual le fue encargada la
prevención de la comisión de ilícitos. Posteriormente en el 2005, se creó la
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, esta subsecretaría, la
cual tenía como fin instrumentar acciones para fortalecer la prevención del
delito y combate a la delincuencia, al igual que promover entre los servidores
públicos de la SSP y la ciudadanía una cultura de protección y respeto a los
derechos humanos en materia de seguridad pública (Secretaría de
Gobernación, 2014).
Luego, en el 2007,
como parte de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la
Delincuencia, la SSP instrumentó la estrategia federal de prevención “Limpiemos
México” tanto en los estados y los municipios con mayores índices delictivos
del país. Dicha estrategia incluía los siguientes programas: 1) Escuela Segura,
cuyo fin es recuperar la seguridad y la sana convivencia en el entorno escolar;
2) Salud sólo sin Drogas, que buscaba prevenir las adicciones, y 3)
Recuperación de Espacios Públicos, programa destinado a rehabilitar espacios
públicos y devolveros a la sociedad para la convivencia social con libertad y
seguridad. Es en ese mismo año, la Subsecretaría de Prevención y Participación
Ciudadana se transformó en la Subsecretaría de Prevención, Vinculación y
Derechos Humanos, para desarrollar políticas, estrategias y prácticas para
disuadir la comisión de delitos (Secretaría de
Gobernación, 2014).
También en el 2007, se
crea una de las principales acciones para la prevención del delito y la
violencia en el país, el Subsidio para la Seguridad de los Municipios
(SUBSEMUN), este ha cambiado de nombre desde entonces, igualmente sus objetivos
han variado, así como sus reglas de operación, sin embargo el fin general de
dicho subsidio se ha mantenido casi invariable: cubrir aspectos de prevención
del delito, evaluación de control de confianza de los elementos operativos de
las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados
a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los
policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura y la conformación
de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de
llamadas de emergencia. Este subsidió desde entonces es el principal fondo
presupuestal para las acciones de prevención a lo largo del país, el
presupuesto anual promedio para la función de prevención social del delito es
de 2,500 millones de pesos.
Es importante
mencionar que antes de la existencia del SUBSEMUN, existían dos fondos
federales destinados a apoyar en materia de seguridad pública; el primero es el
“Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del Distrito
Federal (FORTAMUN) y el “Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y el Distrito Federal” (FASP); el FORTAMUN fue creado en 1997, y como
su nombre lo indica es un fondo destinado a los municipios y demarcaciones del
antiguo Distrito Federal, y las alcaldías de lo que hoy es la Ciudad de México;
el FASP existió desde 1998 hasta el 2008, este fondo estaba destinado a los
gobiernos estatales y al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ambos fondos
se incluyen en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF):
“Aportaciones Federales para las entidades federativas y municipales” (Secretaría de
Gobernación, n.d.)
Posteriormente en el
2012, se publicó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia (LGPSVD) que “establece las bases de coordinación entre la
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de
prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema
Nacional de Seguridad Pública”, y en donde se estableció en México el termino:
“Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, definido como el
“conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientas a reducir
factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia,
así como combatir las distintas causas y factores que la generan (Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012 y Secretaría de Gobernación, 2014ª). Con la creación de la LGPSVD, se estableció
la creación del Centro Nacional para la Prevención del Delito y Participación
Ciudadana (CNPDPC), al igual que la creación de las Centros Estatales para la
Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Con la llegada de la
administración 2013-2018, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se
establece la meta nacional: “Un México en Paz que garantice el avance de la
democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población”, que tiene el fin
de mejorar las condiciones de seguridad pública en el país para que los
mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus derechos y
garantías en un marco de libertades, mediante acciones orientadas a combatir
los delitos que más afecta a la población; esta meta nacional tiene dos ejes,
el primero orientado a trabajar en la prevención social de la violencia y el de
contención del delito mediante intervenciones policiales oportunas y efectivas (Secretaría de
Gobernación, 2014). Como resultado, en el año 2013, se incluyó en
el Presupuesto de Egresos de la Federación el subsidio para el otorgamiento de
apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, cuyo fin de
apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de políticas
públicas en materia de seguridad ciudadana, priorizando un enfoque preventivo
en el tratamiento de la violencia y la delincuencia; en el mismo año, se creó
la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, órgano adscrito a la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), la cual tenía como fin formular y proponer
políticas públicas y programas relacionados con la prevención social de la
violencia y la delincuencia (Secretaría de
Gobernación, 2014).
Buscando cumplir con
la meta del Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 del gobierno federal: “Un
México en Paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la
seguridad de su población”, en el 2014 se crea el Programa Nacional para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), que presenta
cinco objetivos primordiales: 1) incrementar la corresponsabilidad de la
ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación
y desarrollo de competencias, 2) reducir la vulnerabilidad ante la violencia y
la delincuencia de las población de atención prioritaria, 3) generar entornos
que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana, 4) fortalecer las
capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos, y 5)
asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la
administración pública federal para implementar programas de prevención social.
El principal indicador
para evaluar la eficiencia de dichas políticas de la prevención del delito debería
ser la disminución la incidencia del delito que se pretendía prevenir, esto
puede realizarse considerando las tasas de dichos delitos o de manera menos
especifica las frecuencias absolutas de dichos delitos. Por alguna razón ajena
a la comprensión del que escribe, puedo suponer que es para facilitar el
proceso de evaluación, el principal indicador elegido por el gobierno federal
para evaluar la eficacia general de las acciones de prevención del delito como
un conjunto es la tasa de homicidios dolosos. Como se observa en la Figura 1, de
acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), la tasa de delitos en México ha ido en declive en
los años que se realizaban los programas de prevención del delito, sin embargo,
a partir del 2014 estas cantidades aumentaron considerablemente haciendo que el
año 2017 sea el más violento en la historia reciente del país. Esto puede ser
una señal de que los esfuerzos del gobierno mexicano en crear estructuras y
políticas para la prevención de la violencia y el delito dieron resultados
parciales.
Figura 1. Evolución histórica de los homicidios en México. Fuente: Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018).
Conclusión
Se recuerda al lector que el
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
culmina en el 2018, por lo que al día que se pública este documento se
consideran terminadas las acciones de dicho programa iniciada durante el sexenio
del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que el resultado sobre los homicidios
dolosos no son nada alentadores.
También
se recuerda al lector que el Programa menciona todos los indicadores que deben
evaluarse para considerar la eficacia del programa, en este trabajo solo se
presentan datos del homicidio doloso por ser el indicador prioritario elegido
por el gobierno federal, como ya se mencionó antes.
Esto
deja claro que más allá de cualquier discurso político o ideológico, y haciendo
un lado el hecho de que en experiencia del que escribe existen programas
específicos que han sido benéficos y de gran ayuda para la población (como las
unidades de policía para la atención a la violencia familiar y de género), el
desempeño de la prevención del delito en México se encuentra lejos de haber
cumplido las funciones esperadas, lo cual para infortunio de los mexicanos
significa tener que esperar que las cosas mejoren para el sexenio siguiente.
Referencias
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley general
para la prevención social de la violencia y la delincuencia (2012). México:
General.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017). Mortalidad.
Conjunto de datos: Defunciones por homicidios. Retrieved June 8, 2017, from
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=
Secretaría de Gobernación. (n.d.). Subsidio para la seguridad pública
municipal. México. Retrieved from
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para_la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf
Secretaría de Gobernación. (2014). Auditoría de Desempeño:
14-0-04100-07-0113 GB-012. México.
Secretaría de Gobernación, and Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública. (2016). Tasas por cada 100 mil habitantes 1997-2016.
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Tépach, R. (2012). El Presupuesto Público Federal para la FUNCIÓN
SEGURIDAD PÚBLICA, 2011-2012. SAE-ISS-02-14. México, México.
Retrieved from Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios
de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de
Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados
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