sábado, 1 de septiembre de 2018
El
problema de la Política Criminológica
El
tema de la criminalidad es un fenómeno que atañe a todas las sociedades por el
simple hecho de ser inherente a la naturaleza del hombre, no obstante y aun
cuando su estudio e interpretación está ligado a un contexto económico,
político y social, los estudiosos coinciden en que se trata de un problemática
que lacera la humanidad al contravenir las normas sociales y morales; razón por
la cual se ha pretendido por múltiples medios regularla o en el mejor de los casos
erradicarla.
Para
ello, el Estado se vale de todos los recursos y medios que tiene a su alcance para
mantener controlado el fenómeno criminodelictivo, sin embargo, cuando Emiliano Borja[1], definió la Política
Criminal como ese conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social,
educativo, económico que buscan prevenir y reaccionar frente al fenómeno
criminal, parecía claro que para su abordaje debía recurrirse a múltiples
disciplinas que aportaran elementos claves para su análisis y tratamiento.
No
obstante, y contrario a lo que vemos hoy, la política criminológica ha fungido
como instrumento de poder y mecanismo de represión para mantener el control
social de determinados grupos, peor aún, se ha empleado como propuesta de campaña
electoral al señalar el endurecimiento de las penas y la disminución de la edad
penal en el caso de los adolescentes como remedios infalibles para la
erradicación del delito, lo que solo ha alimentado el odio y el hartazgo de la
ciudadanía, además de legitimar actos de
discriminación o de justicia por propia mano u otro tipo de venganzas fuera de
la legalidad como es el caso de los linchamientos. Y es que en México la
Política Criminal se ha asociado mayormente con términos como punibilidad,
coercibilidad, control social o represión ya que fueron conceptos propios del
sistema penal de corte inquisitivo que imperó durante siglos en Latinoamérica y
que lamentablemente hoy siguen vigentes y direccionado diversas acciones en
materia de criminalidad y seguridad pública implementadas en nuestro país.
Ejemplo de ello fue la estrategia de seguridad
denominada “Tolerancia Cero” que encabezó el ex Alcalde de Nueva York Rudolph
Giuliani y que fue puesta en marcha en la Ciudad de México durante 2003 en la
administración de Marcelo Ebrard, que no obstante con los más de 4.3 millones
de dólares que se invirtió en el proyecto,
pareciera no haberse visto un impacto significativo en los índices de
criminalidad y delincuencia.
Recientemente
con el cambio de paradigma a uno de corte garantista, se suponía una concepción más amplia de la
Política Criminológica que implicará de conocimientos
teóricos-prácticos especializados y orientados a procurar al máximo los derechos fundamentales de las personas,
que dotara de igual peso al aspecto preventivo que al correctivo a través de la
investigación, la multidisciplinariedad y la profesionalización.
Sin embargo, de entrada resulta penoso que
este cambio de paradigma obedezca mayormente a presiones del Derecho
internacional y no a una convicción genuina del gobierno por transitar a
modelos garantistas, ya que lo anterior solo se tradujo en la elaboración de
más instrumentos, protocolos y modelos de actuación que en ocasiones resultan
inoperantes para las condiciones del país, la sistematización de procedimientos
que se desdibujaron en el enorme aparatico burocrático mexicano o en el cambio
de estructura o denominación de las instituciones que han generado más coste que ganancias.
A
propósito de lo anterior, llama la atención que se insista en demasía en la
homologación de criterios en el estudio del fenómeno delictivo y que se centre casi exclusivamente su estudio en el
ámbito del Derecho Penal, sin embargo, ¿Puede
delegarse mayormente al Derecho el estudio del crimen y del delito sin atender
sus elementos socioculturales? ¿Ha sido hasta hoy favorable delegar a las
ciencias penales el estudio del crimen y delito?
Para ello, seria primordial concebir un
sistema jurídico flexible que corresponda con los cambios y problemáticas
actuales de la sociedad, pero no solo de los problemas que aquejan a las
grandes urbes, sino de las
particularidades que conllevan la multiculturalidad del territorio
nacional, toda vez la aplicación de ciertos sistemas normativos resulta
inoperante y ajena a la realidad que viven múltiples comunidades al interior de
la República, máxime por el principio pro persona que debería anteponer las
garantías de los ciudadanos y evitar privilegiar la rigidez en la aplicación de
un código ajeno a las necesidades de la población, por el contrario, que
refuerzan la impunidad y se alimenta de la desigualdad con la que se aplican en
su mayoría las normas jurídicas, ya que es una realidad que en muchas de las
zonas originarias del país, las características del idioma, los sistemas
normativos internos, así como la cosmovisión de las comunidades dificultan la positivización
de sus elementos y acentúan la marginación al momento de la toma de
decisiones.
Pero no solo las características
relacionadas con la diversidad étnica forman parte de los elementos a
considerar dentro de una política criminal, sino hechos que a la luz resultan inadvertidos
para la sociedad como lo son los problemas generados como efecto de la
globalización como la desigualdad económica, el desempleo, la delincuencia
organizada, mencionando en este último caso el fenómeno relacionado con la
siembre de droga, que pro su impacto ha
demandado de colocar en la agenda pública en tema de su legalización y que ha
estado permeada mayormente por un aspecto moral que por un análisis científico,
siendo que la siembra de la marihuana como lo señalan Humberto Padgett y Dalia Martínez en su
articulo “La república marihuanera”[2], forma ya parte de las
actividades productivas del país, ilegales pero productiva, ya que la gente
paulatinamente pasó de sembrar hortalizas y diversos frutos a integrar en sus
actividades la cosecha de marihuana,
toda vez que entre múltiples aspectos representa una opción un ingreso y su dedicación al cultivo en
muchos de los casos se debe a la falta de
condiciones mínimas necesarias para proveerse de insumos básicos como
son alimentación, salud y vivienda a los integrantes de la comunidad.
Sin embargo, hasta aquí pareciera que se ha
perdido de vista que los involucrados no son solo grupos de personas o
comunidades sino individuos con características y necesidades diferentes que
han sido relegados, ya aun cuando que cada brecha generacional se identifica
con símbolos e intereses particulares y algo que llama la atención ha sido la
forma en que las últimas generaciones han
radicalizado la forma de establecer sus relaciones familiares, de amistad y de
trabajo, ya que el proceso de socialización que se inicia en el núcleo primario
de la familia pasa después a reproducirse en el medio social, empero, que en
la actualidad parece carente de vínculos
carentes de apego, confianza y respeto por las normas sociales, las figuras de
autoridad y de desinterés por el bienestar general, incluso que ha normalizado
la violencia y el individualismo por encima del colectivo, así mismo, que se ha
caracterizado por la urgencia de
satisfacer necesidades de manera rápida y sin esfuerzo, es decir de libre
tránsito al hedonismo, siendo que ellos serán los responsables de continuar e
innovar las formas de atender los problemas que aquejan a la sociedad, y no
solo a partir de efectos aislados de fenómenos como la pobreza, la migración,
los desplazamientos forzados o la violencia de género por mencionar algunos,
sino la compleja interrelación que conllevan la interacción de las personas y
sus efectos en un espacio determinado y que implique la participación de todos
y cada uno de los sectores de la sociedad.
Por
ello, resulta necesario la participación conjunta del gobierno y de la sociedad
civil a fin de poder atender los múltiples problemas sociales, además, mientras
México carezca de una política criminológica definida, inclusiva y
particularizada para cada sector de la población en el cual se pretenda incidir,
con objetivos claros, alcanzables y acordes a la realidad del país, difícilmente
se pueden concretar proyectos que faciliten la implementación de estrategias
orientadas al estudio y tratamiento del crimen y del delito, toda vez que no es
el número de instituciones, la cantidad de programas o el marco jurídico que la
conforman, sino la ineficacia de estos
organismos, así como la falta de calidad y compromiso con las que se establecen
las políticas públicas lo que han derivado en el fracaso de las mismas.
BIBLIOGRAFÍA
Borja Jiménez, Emiliano (2011), Curso de Política Criminal, 2ª.ed., España,
Tirant lo blanch,
Padgett Humberto, y Martínez Dalia, “La república
marihuanera”, emeequis, N° 260, 8 de agosto de 2011.
[1] Borja
Jiménez, Emiliano, Curso de Política
Criminal, 2ª.ed., España, Tirant lo blanch, 2011,p.119.
[2] Padgett
Humberto, y Martínez Dalia, “La república marihuanera”, emeequis, N° 260, 8 de
agosto de 2011, p.23.
