La victimización entendiéndola como el proceso por el cual una persona sufre las consecuencias de un hechos traumático (Tamarit Sumalla, 2006) genera un gran impacto en la víctima, quien es la persona que sufre malestar emocional a causa del daño intencionado provocado por otro ser humano (Echeburúa & de Corral , 2007) en su sentido estricto. Ante esto, se puede encontrar a víctimas con varios recursos personales quienes pueden hacer frente a sucesos traumáticos o a víctimas más vulnerables, en las cuales los procesos de victimización generan más impacto. Ante ello, una intervención en crisis oportuna y adecuada ayuda a mitigar el daño posible a futuro

Pero ¿qué es una intervención en crisis?

 La intervención en crisis es “Un proceso de ayuda dirigida a auxiliar a una persona o familia a soportar un suceso traumático de modo que la probabilidad de efectos negativos como daños físicos o emocionales se aminore y la probabilidad de crecimiento se incremente" (Slaikeu, 1996).

En cuanto a la intervención en crisis se puede diferenciar dos niveles principales, el primero se denomina Primera Ayuda Psicológica o Primeros Auxilios Psicológicos cuyo objetivo es restablecer el enfrentamiento inmediato, este se da en las primeras 72 horas después del suceso y busca: 1) Proporcionar apoyo con la premisa de que es mejor para las personas no estar sola en tanto soportan cargas extraordinarias. 2) Reducir la mortalidad y prevención del daño físico durante la crisis (tomar medidas para para hacer mínimas las posibilidades destructivas y desactivar la situación) y 3) Proporcionar enlace con fuentes de asistencia (Slaikeu, 1996).

Al respecto es importante mencionar que este tipo de intervención lo puede realizar cualquier tipo de persona no profesional de la salud mental (Echeburúa & de Corral , 2007), siempre y cuando tenga la preparación y el entrenamiento específico para ello.

Los componentes de los primeros auxilios psicológicos son los siguientes:

En el segundo nivel se encuentra la Intervención de Segunda Instancia o también conocida como Terapia para Crisis; la cual se refiere a un proceso terapéutico breve que va más allá de la restauración del enfrentamiento inmediato y se encamina a la resolución de crisis, es decir, asistir a la persona de manera que el acontecimiento se integre a la trama de la vida. La intervención puede durar de semanas a meses. Las personas que llevan a cabo la terapia son psicoterapeutas y el ambiente en el que se realiza la intervención debe ser un espacio ideal para terapia (Slaikeu, 1996).

El proceso de victimización  crea un episodio traumático, una crisis (Bernal Quiñones, 2015), es decir, una persona que es víctima de un delito, pasa por una serie de emociones intensas las cuales pueden llegar sobrepasar los recursos personales. Por ello el apoyo indicado en estas primeras 72 horas a una víctima de un delito puede ser fundamental, ya que se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

En este tiempo, la mayoría de las victimas suele estar en contacto con diversos profesionales, quienes pueden ser los primeros al llegar al lugar de los hechos, como un policía, paramédico, criminalista; o cuando ésta acuda a poner su demanda, dentro de los que pueden ser administrativos, trabajadores sociales, profesionales del derecho, criminólogos, psicólogos, o cualquier otro personal que este en contacto con la víctima.

Al ser de los primeros contactos deben recibir capacitación y estar preparados en técnicas de intervención en crisis en su modalidad primera ayuda psicológica, estos profesionales, tales como policías, profesionales del derecho, de trabajo social e incluso personal administrativo que trabaja en estos ámbitos, deberán contar con ciertas características personales, como por ejemplo, poseer habilidades sociales, conocer e identificar estrategias adecuadas para intervenir según la persona y tener un buen control del estrés (Lorente Gironella, Font Mayolas, & Villar Hoz, 2005), es decir, saber manejar sus emociones con respecto a las emociones de los demás.

Sobre todo porque hay momentos en una persona en crisis  o que ha vivido un suceso traumático, donde se pueden disparar las emociones ante ciertos estímulos, como por ejemplo la toma de la denuncia o en una reconstrucción de hechos. Además hay que tomar en cuenta que no siempre es sencillo predecir la reacción de un ser humano ante un acontecimiento traumático, hay personas que son muy sensibles, las cuales están predispuestas a tener respuestas más exageradas e intensas que otras ante un mismo suceso (Echeburua, Amor, & de Corral, 2006).

Un intervención y canalización correcta puede incluso evitar una re-victimización, la cual es toda acción que empeora el estado físico y/o psicológico de la víctima cuando esta busca ayuda y se relaciona con el sistema legal (Tapias , 2015). Al momento de realizar la intervención en crisis, es importante que el personal también conozca el contexto en el que se desenvuelve, saber del proceso penal para una adecuada canalización o en su caso poder entender lo que la persona expresa o desea realizar, así como de igual manera se evite afectar el testimonio de la víctima.

En este sentido y como conclusión, el personal que trabaja con víctimas del delito y es un primer contacto, debe contar con conocimientos no solo de intervención en crisis sino también, conocimientos del proceso judicial, del derecho, de la psicología de testimonio y los procesos mismos de su institución, esto con el fin de estabilizar a la víctima,  cuidar su testimonio, lograr una efectiva canalización a las instancias tanto jurídicas como psicológicas y por ende evitar una re victimización.

 Referencias

La familia como factor de riesgo para la conducta criminal

Redondo y Pueyo (2009) señalan que la delincuencia es uno de los problemas sociales en que suele reconocerse una mayor necesidad y posible utilidad de la psicología.  A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días se ha ido conformando una auténtica psicología criminológica. En ella, a partir de los métodos y los conocimientos generales de la psicología, se desarrollan investigaciones y se generan conocimientos específicos al servicio de un mejor entendimiento de los fenómenos criminales. Sus aplicaciones están resultando relevantes y prometedoras tanto para la explicación y predicción del comportamiento delictivo como para el diseño y aplicación de programas preventivos y de tratamiento. Así, los conocimientos psicológicos sobre la delincuencia se han acumulado en torno a diferentes áreas de estudio de la criminalidad.

Sin embargo, cuando se trata del ámbito de la explicación, Arce y Fariña (2007) mencionan que si bien se ha intentado explicar el comportamiento desviado desde múltiples perspectivas, los diferentes intentos explicativos se han orientado hacia la maximización alguno de los siguientes tres factores: biológicos, psicológico-individuales y psicológico-sociales y generalmente en estas teorías la explicación que se ofrece de la delincuencia se orienta a la sobredimensionalización de una(s) variable(s) o dimensión(es) en detrimento de otras, lo cual lleva implícito que el valor de las mismas sea relativo. Por extensión, la categorización de los marcos teóricos en función del origen del comportamiento antisocial en biológicos, psicológicos y sociológicos también se refleja en los tratamientos que están orientados, generalmente, ya sea a aislar los efectos de un único componente, o a recurrir a una fórmula de tratamiento aplicable al conjunto del problema, pero desde una única perspectiva.  

Es por esta razón, que Munizaga (2009) indica que las explicaciones unidimensionales de la delincuencia no son suficientes. A partir de los años 70’s, y hasta la actualidad, nuevas corrientes de pensamiento plantean que las causas del fenómeno de la criminalidad son múltiples y pluridimensionales. Con ello, surge un movimiento integrador de teorías que se basan en estudios longitudinales realizados en Estados Unidos y Reino Unido, los que comprueban, mediante evidencia empírica, que la delincuencia es un fenómeno dinámico, multicausal y complejo. Uno de estos enfoques es el de factores de riesgo, que realiza planteamientos comprensivos acerca de este fenómeno, debido a que lo explica desde un punto de vista multicausal.

El término “factores de riesgo” se refiere a la presencia de situaciones contextuales o personales de carácter negativo que incrementan la probabilidad de que las personas desarrollen problemas emocionales, conductuales o de salud. De esta forma, la premisa apunta que a mayor acumulación de factores de riesgo en el tiempo por un individuo, mayor es la probabilidad de que éste exprese conductas delictivas. (Munizaga, 2009)

Si bien es cierto que este tipo de comportamiento en la adultez quedaría definido por la interacción de un conjunto de factores biopsicosociales, podría decirse que dentro del grupo de factores sociales/contextuales (grupo de iguales, escuela, vecindario) la familia representaría un contexto de incuestionable influencia. (Aguilar-Cárceles, 2012). Se trata del grupo social en el que la mayoría de las personas inician su desarrollo, permanecen durante largo tiempo y conforman un entramado de relaciones y significados que les acompañarán a lo largo de toda la vida. Además, esta relevancia de la familia permanece vigente en todos los momentos vitales de la persona, desde la niñez hasta la vejez, y la adolescencia no constituye una excepción. Así, el grado de apoyo, de afecto y de comunicación que el adolescente percibe en este contexto es un elemento que contribuye de modo significativo a su bienestar psicosocial, así como al del resto de sus integrantes. Aunque el adolescente incorpora nuevas relaciones en su red social como las amistades u otros adultos significativos, la familia sigue constituyendo el eje central que organiza la vida de éstos y continúa ofreciendo experiencias concretas de desarrollo que influyen en las interacciones que los adolescentes establecen en otros contextos, como la escuela o la comunidad más amplia (Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001). En este sentido, la familia tiene todavía el rol primordial de transmitir a sus hijos una serie de creencias, valores y normas que les ayudarán a convivir en la sociedad de la que forman parte. 

Sin embargo, en la realidad, la familia también puede constituir un factor de riesgo que predisponga al desarrollo de problemas de desajuste en sus miembros. En distintas investigaciones se ha constatado que un ambiente familiar positivo, caracterizado por la comunicación abierta y por la presencia de afecto y apoyo entre padres e hijos es uno de los más importantes garantes de bienestar psicosocial en la adolescencia (Musitu y García, 2004 citado en: Musitu, Estévez, Jiménez y Herrero, 2007) mientras que un ambiente familiar negativo con frecuentes conflictos y tensiones, dificulta el buen desarrollo de los hijos y aumenta la probabilidad de que surjan problemas de disciplina y conducta.

Variables familiares asociadas a la conducta criminal 

Son muchos autores los que han centrado en los últimos años su foco de discusión en el análisis del contexto familiar como uno de los principales factores de riesgo o desencadenante de conductas antisociales en la adultez atendiendo a distintas variables:

Cuando desde el entorno familiar la transmisión de normas, valores, creencias, y actitudes, no se produce de manera adecuada se produce una distorsión del proceso de socialización y la aparición de las conductas inadaptadas. Martos y Rosser (2013) analizaron la relación existente entre la delincuencia juvenil y los estilos educativos de los padres mediante la revisión de 342 expedientes judiciales de menores infractores. Los resultados mostraron una relación estadísticamente significativa entre la conducta delictiva de los jóvenes de los casos revisados y el estilo educativo denominado permisivos o incongruentes (caracterizado por el dimisionismo educativo y la no implicación afectiva en los asuntos de los hijos) por parte de los progenitores.

Por otro lado, es razonable pensar que una infancia caracterizada por conductas violentas en el ámbito familiar pueda derivar en una adolescencia problemática. Al respecto, Paíno y Revuelta (2002) estudiaron, por una parte, la relación de determinadas variables familiares con la manifestación de la conducta de maltrato en la familia y, por otra parte, la relación entre la existencia de maltrato en la infancia y la posterior conducta delictiva en una muestra de 87 presos. Los resultados mostraron una fuerte relación entre las variables de antecedentes penales y de adicción del padre con la variable criterio de maltrato familiar. Y principalmente, se encontró una relación significativa entre la existencia de maltrato en la infancia con variables relativas a la historia penitenciaria como la edad de ingreso en prisión y la reincidencia. 

Respecto a la variable denominada estructura familiar existe menos homogeneidad respecto a los resultados empíricos. Torrente y Rodríguez (2004) analizaron la relación de esta variable en términos de personas con las que vive el menor, (número de hermanos, el orden de nacimiento, si sus padres viven juntos, si viven con ellos o con otros familiares) con jóvenes de escuelas regulares y jóvenes que se encontraban en un centro de reintegración. Sus resultaron indicaron una relación estadísticamente significativa entre los hogares monoparentales y/o desestructurados por separación/divorcio.

En contraste, Antolín, Oliva y Arranz (2009) concluyeron que no existe asociación entre el tipo de estructura familiar y la manifestación de comportamientos antisociales infantiles cuando analizaron esta variable, mencionando también que este tipo de conducta antisocial, puede ser mejor explicada, en el ámbito de los factores familiares, a variables tales como la privación económica que también ha resaltado Salazar-Estrada, Torres-López, Reynaldos-Quinteros, Figueroa-Villaseñor y Araiza-González (2011) al encontrar relación entre conducta antisocial en jóvenes y una serie de condiciones relacionadas con la marginalidad de la familia y de su entorno; o el estrés familiar, variable cuya importancia también ha sido mencionada por Hein, Blanco y Mertz (2004) en una revisión de la literatura relacionada.

A su vez, Ovalles (2007) encontró también una relación entre el hecho criminal en la infancia y adolescencia, con la relación que se presenta cuando los grupos familiares no funcionan adecuadamente, esto basado en la falta de comunicación, de afecto, de actividades y de responsabilidades entre ellos, falta de pertenencia y de cohesión, como características de la disfuncionalidad familiar.

Hay algunas otras variables que, aunque no han demostrado la mayor significancia estadística, vale la pena tomar en cuenta, tales como la falta de supervisión o control de los padres, una familia numerosa, y carencias afectivas (Vázquez, 2003).

En conclusión, existe una gran preocupación por las conductas problemáticas adolescentes, tanto por el daño que hacen a otros o al conjunto de la sociedad, como por el riesgo que suponen para los propios adolescentes. Los estudios que se han realizado sobre delincuencia juvenil y conducta antisocial plantean el carácter multicausal del fenómeno y señalan numerosos factores de riesgo que lo precipitan (Sánchez-Teruel, 2012)

Entre los factores explicativos de estos comportamientos están los relacionados con la vinculación social. Por ejemplo, las relaciones con la familia. Los presupuestos teóricos y los hallazgos empíricos ponen de manifiesto que el ambiente familiar juega un papel fundamental en la conducta delictiva del adolescente (Redondo, Luengo, Sobral y Otero, 1988). Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los factores de riesgo y protección no indican causalidad, sino que constituyen condiciones, en este caso del entorno familiar, que predicen una mayor o menor probabilidad de desarrollar un comportamiento (Hawkins et al., 1998 citado en: Montañés, Bartolomé, Montañés y Parra, 2008).

REFERENCIAS

Aguilar-Cárceles, M. (2012). La influencia del contexto familiar en el desarrollo de conductas violentas durante la adolescencia: factores de riesgo y protección. Revista Criminalidad, 54 (2), 27-46.

Antolín, L., Oliva, A. & Arranz, E. (2009). Variables familiares asociadas a la conducta antisocial infantil: el papel desempeñado por el tipo de estructura familiar. Apuntes de Psicología, 27 (2-3), 475-487.

Arce, R. & Fariña, F. (2007).Teorías de riesgo de la delincuencia. Una propuesta integradora. En F.J. Rodríguez & c. Becedóniz (Coords.), El menor infractor. Posicionamientos y realidades (pp. 37-46). Oviedo, España: Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias.

Hein, A., Blanco, J. & Mertz, C. (2004). Factores de riesgo y delincuencia juvenil: revisión de la literatura nacional e internacional. Santiago de Chile: Fundación Paz Ciudadana.

Martos, R. & Rosser, A. (2013). Delincuencia juvenil y estilos educativos parentales [en línea]. 14º Congreso Virtual de Psiquiatría.com, Interpsiquis, 5 p.

Montañés, M., Bartolomé, R., Montañés, J. & Parra, M. (2008). Influencia del contexto familiar en las conductas adolescentes. Ensayos, (17), 391-407.

Musitu, G., Estévez, E., Jiménez, T. & Herrero, J. (2007).Familia y conducta delictiva y violenta en la adolescencia. En S. Yubero, Larrañaga, E. y Blanco, A. (Coords.), Convivir con la violencia (pp. 135-150). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Musitu, G., Buelga, S., Lila, M. y Cava. M. J. (2001). Familia y adolescencia. Madrid: Síntesis.

Ovalles, A. (2007). Incidencia de la disfunción familiar asociada a la delincuencia juvenil. Capítulo Criminológico, 35 (1), 85-107.

Paíno, S. & Revuelta, F. (2002). Maltrato y delincuencia. Psicothema, (14), 101-108.

Redondo, S. & Pueyo, A. (2009). La psicología de la delincuencia. Revista El Observador, (4), 11-30.

Sánchez-Teruel, D. (2012). Factores de riesgo y protección ante la delincuencia en menores y jóvenes. Revista de Educación Social, (15), 1-12.

Salazar-Estrada, Torres-López, Reynaldos-Quinteros, Figueroa-Villaseñor & Araiza-González. (2011). Factores asociados a la delincuencia en adolescentes de Guadalajara, Jalisco. Papeles de población, 17 (68), 103-126.

Torrente, G. & Rodríguez, A. (2004). Características sociales y familiares vinculadas al desarrollo de la conducta delictiva en pre-adolescente y adolescentes. Cuadernos de Trabajo Social, (17), 99-115.

Vázquez, C. (2003) Factores de riesgo de la conducta delictiva en la infancia y adolescencia. En: Delincuencia juvenil. Consideraciones pnales y criminologías. Pp. 121-168. Madrid: Colex